A primera hora de aquel martes 27 de noviembre de 2012, agentes de los Mossos d'Esquadra entraron a registrar en las dependencias del Ayuntamiento de Sabadell en una operación contra la corrupción vinculada a recalificaciones urbanísticas.
La operación fue ordenada por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Sabadell e impulsada por la Fiscalía Especial Anticorrupción. También se registraron dependencias de la compañía de aguas (CASSA) y del Ayuntamiento de Montcada i Reixac (Barcelona)
Fueron detenidas en un primer momento doce personas, entre ellas el alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, que meses después dimitió del cargo que ostentaba desde 1999.
Bustos también era presidente de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC), entidad que también fue investigada.
El caso Mercurio se abrió por los presuntos sobornos de un grupo de empresarios a Jordi Soriano, concejal del PP entre 2003 y 2011 pero sobre todo principal socio político del alcalde socialista Manuel Bustos entre 2007 y 2011.
Anticorrupción sospechaba que los empresarios sobornaban a Soriano, y desde este concejal el dinero iba ascendiendo hasta el gobierno socialista, que les concedía contratos.
Una década después, el caso Mercurio sigue a la espera de dos de sus principales juicios, según apunta el digital Isabadell.cat
Por un lado, el de los presuntos sobornos que cobró el hombre fuerte del PP en la época, Jordi Soriano, socio principal de Bustos.
Por otro lado, el de la adjudicación presuntamente fraudulenta del mayor contrato del consistorio adjudicado a la empresa Smatsa por la limpieza y recogida de residuos, por un total de 300 millones de euros en 15 años (2012-2027).
El caso Mercurio se dividió en un total de 35 piezas, algunas de ellas juzgadas durante la última década, y otras aún por juzgarse.
Las piezas iban desde el tráfico de influencias, malversación de fondos públicos o prevaricación hasta delitos urbanísticos y ambientales.
Manuel Bustos entró en el mes de enero de este 2022 en la cárcel de Lledoners (Barcelona) para cumplir tres años de cárcel por dos delitos de tráfico de influencias, después de que el Tribunal Supremo ratificara la condena en marzo de 2021.
El exdirigente socialista tiene otra sentencia condenatoria con pena de cárcel por el nombramiento irregular de un alto cargo en el Ayuntamiento de Montcada i Reixac.
La Plataforma 'Sabadell Lliure de Corrupció' (Sabadell Libre de Corrupción) ha galvanizado durante esta década la lucha por limpiar el nombre de la ciudad