Poco antes de que prescribiera el crimen de Jubany, el juez instructor de Sabadell (Barcelona) citó para este viernes en calidad de investigado a X.J., un compañero de la víctima en la Unión Excursionista de Sabadell, después de que un informe caligráfico de la Policía Nacional lo vinculara con unos anónimos que había recibido la joven pocos días antes de su muerte.
Jubany, que entonces tenía 27 años, fue encontrada muerta tras ser arrojada inconsciente, pero aún viva, a un patio de luces desde la azotea de un edificio de Sabadell, desnuda, drogada y con el cuerpo lleno de quemaduras, el 2 de diciembre de 2001.

X.J., que solo ha contestado a las preguntas de su abogado, Marc Pérez, en su declaración de esta mañana ante el juez, ha negado cualquier implicación en el crimen, y ha alegado que el día de autos se encontraba con su padre, que en la actualidad tiene 89 años de edad y padece problemas de memoria.
En cambio, el investigado ha eludido dar explicaciones sobre las pruebas caligráficas que lo incriminan en este asesinato, si bien ha asegurado que no es el autor de estos anónimos.
Una vez finalizada la vista, el magistrado del juzgado de primera instancia número 2 de Sabadell ha dictado un auto en el que considera que "existen indicios suficientes que permiten afirmar que -X.J.- participó de forma activa en la comisión del delito de asesinato" de Jubany.

El juez sostiene en su auto que "existe una conexión formal, material y espacial (y parcialmente temporal) entre los anónimos" que recibió la joven asesinada, en concreto dos de ellos, y el investigado, así como una "sustancial conexión" entre estos escritos y las circunstancias de su muerte".
Según el magistrado, existe además una "vinculación adicional entre los anónimos y el crimen, y es la Unión Excursionista de Sabadell", a la que ambos pertenecían y a la que se hace referencia en uno de los anónimos.
Constata también en su auto que le imputado era conocedor del domicilio de la víctima, donde la joven fue asesinada.
Además, y a raíz de las peticiones de las partes, el magistrado ha acordado en el auto la retirada del pasaporte del investigado, que debe entregarlo en sede judicial en el plazo máximo de 3 días, la prohibición de salida del territorio nacional así como comparecencias mensuales en el juzgado o en cuantas ocasiones fuera llamado.
Durante la vista, la Fiscalía y la familia de la víctima han solicitado además que se practiquen nuevas diligencias con pruebas de ADN de la ropa que la joven llevaba el día de su asesinato, para que se utilicen las técnicas más avanzadas que existen hoy en día y, si fuera necesario posteriormente, pruebas de ADN al investigado.
Sobre esta diligencia concreta, el magistrado no ha resuelto hoy y tomará una decisión en los próximos días. EFE