El actual consistorio ha recurrido a ambas sentencias que tienen en el horizonte otras dos denuncias por las liquidaciones de los años 2016 y 2017.
La cifra podría aumentar hasta los 5,7 millones de euros en el hipotético caso de dar la razón a la compañía Smatsa en las nuevas sentencias.
Las magistradas consideran que el consistorio no debería haber cobrado ese dinero a SMATSA como sobrecoste porque el contrato estaba vivo y se podía modificar, comunicándolo previamente a la compañía.
Todo arranca en los años 2015 y 2016 cuando el gobierno cuadrupartito del entonces alcalde Juli Fernández (ERC) revisó las facturas de Smatsa porque consideraba que la empresa concesionaria cobraba servicios que realmente no hacía, y la obligó a devolver parte de los cobros.
Ahora, la justicia da la razón a Smatsa y obliga al consistorio, a compensar el dinero en disputa con la empresa más los intereses de demora y los costes de los litigios hasta una cifra de 2,5 millones de euros.
Pol Gibert, número 2 del PSC en el Ayuntamiento de Sabadell, ha señalado que "esta sentencia por una vía que inició otro gobierno puede provocar que tengamos que pagar más de 5 millones de euros", una circunstancia que "nos preocupa mucho".
La compañía Smatsa ha estado durante el presente siglo en el centro de la actualidad política sabadellense como consta en algunas de las piezas del caso de corrupción 'Mercurio' que acabó con la vida politica del ex alcalde Manuel Bustos en 2013.
Las elecciones municipales de mayo de 2023 adquieren un punto extra de tensión con esta doble sentencia