El Ministerio Público mantiene que "ha quedado acreditada la participación" del exalcalde de Sabadell en la consulta independentista del 1 de octubre de 2017 y pide para el exalcalde dos años de inhabilitación y multa por desobedecer las instrucciones de los tribunales para que impidiera la celebración del referéndum.
Serracant ha contestado a todas las preguntas y entre ellas una de la Fiscalía sobre si cumplió el mandato del Tribunal Constitucional: "El deber de impedir -ha asegurado- iba mucho más allá de mis capacidades. Nadie pudo impedir la movilización ciudadana mayoritaria".
Ha reconocido que el 7 de septiembre de 2017 aprobó un decreto de alcaldía para facilitar el referéndum "en vigencia" de la ley de referéndum, aprobada por el Parlament y suspendida a las pocas horas por el Tribunal Constitucional.
A partir de la suspensión, ha explicado, la colaboración con la organización de la consulta se detuvo pero no pudo frenarse la movilización popular.
La fiscal ha preguntado a Serracant si adoptó alguna actuación para impedirlo.
"Nuestra instrucción -ha contestado- era servir al resto de cuerpos policiales; había una instrucción de custodia de las urnas ordinarias y se cumplió" y ha añadido: "es obvio que ni la Policía Municipal ni los Mossos d'Esquadra ni el resto de cuerpos pudieron clausurar a los centros".
El exconcejal de Educación y teniente de alcalde de Serracant, Joan Berlanga, citado como testigo, ha declarado: "No recuerdo que se destinara ni una hora de personal municipal ni un euro del ayuntamiento a la celebración del referéndum".
"La situación nos desbordó: las escuelas, las Ampas, la gente que participaba en ella. No supimos de dónde salían las urnas ni los ordenadores. No fue un proceso liderado por el ayuntamiento", ha remarcado Berlanga.
La Fiscalía ha elevado a definitivas sus conclusiones preliminares, manteniendo la petición de pena porque, a su juicio, "el acusado facilitó o no impidió las actuaciones que dieron lugar a la votación del 1 de octubre".
Por su parte, el abogado de la defensa ha pedido la absolución de Serracant al considerar que no ha quedado acreditada ningún tipo de desobediencia.
Un centenar de personas han participado en una concentración en solidaridad con Serracant antes del juicio, convocados por la organización independentista Crida per Sabadell.
Entre ellos, el conseller de Territorio, Juli Fernàndez (ERC), la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs (Junts por Catalunya) o el diputado Xavier Pallicer (CUP)